APARCAMIENTOS PARA PMR EN CENTROS COMERCIALES

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) una reforma normativa para corregir el vacío legal que permite que quede sin sanción el aparcar en plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en espacios de titularidad privada pero de uso público, como los centros comerciales. 

Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en una carta enviada a la DGT, acompañada de un informe en el que se analiza desde un punto de vista jurídico la situación creada por una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en materia de tráfico, que revela un vacío legal que puede perjudicar gravemente a las personas con discapacidad y a su derecho a usar aparcamientos reservados. 

En concreto, la sentencia se refiere a la validez de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Terrasa, por el estacionamiento de un vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad sin título habilitante en el estacionamiento de un centro comercial. 

Esta sanción fue recurrida y el fallo judicial, pese a que reconoce la prohibición de aparcar en plazas reservadas, explica que las corporaciones locales no tienen potestad legal para sancionar a los conductores que empleen de forma incorrecta las plazas de aparcamiento reservadas que no estén en espacios de titularidad pública. 

Para acabar con esta laguna legal, el CERMI pide a la DGT que se inicie los trabajos técnicos de análisis de esta situación problemática y se elabore consecuentemente una propuesta normativa para que pueda ser aprobada por el próximo Gobierno, para lo que realiza una serie de propuestas de modificaciones de la normativa actual, encaminadas a que este tipo de prácticas puedan ser sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública.

ASUNTOS SOCIALES. DISCAPACITADOS

Cerca de un 35 por ciento de los parados que tienen algún tipo de discapacidad ha dejado de buscar empleo por la dificultad que esto supone, según ha advertido este lunes el presidente de Cermi en Castilla y León, Francisco José Sardón, para quien se trata de un dato "preocupante" que se suma a la tasa de paro de cerca de 70 por ciento que padece este colectivo en Castilla y León. 

Para Sardón, esas personas paradas han dejado de buscar empleo por la falta de una perspectiva optimista sobre la posibilidad de que una persona discapacitada encuentre un puesto de trabajo por lo que llega un momento en el que "ni siquiera lo buscan". 

En este sentido, el presidente de Cermi en Castilla y León ha abogado por fomentar la responsabilidad social de las empresas y por favorecer la incorporación de cláusulas sociales en los criterios para las contrataciones públicas. Sardón ha aclarado que no se trata de primar a las empresas que cumplen la ley sino de "dar puntos positivos" a las empresas que van más allá en ese 2 por ciento de plazas que establece la norma para personas con algún tipo de discapacidad. Dicho esto, ha reconocido la "positiva" experiencia que se ha experimentado ya en Castilla y León que ha sido "pionera" en esas fórmulas de contratación a personas en riesgo de exclusión social. 

 Para fomentar estas contrataciones Cermi ha buscado en Comisiones Obreras un "aliado poderoso" para, a través de un convenio de colaboración, intercambiar información sobre la realidad de las personas con algún tipo de discapacidad y sus perspectivas laborales. "Hay que sensibilizar aún más a las empresas para que profundicen en una contratación tan importante", ha reiterado Sardón, quien ha reclamado también mayor apoyo a los centros especiales de empleo de los que depende el 80 por ciento de la ocupación de este colectivo y fomentar un empleo de calidad. 

Del mismo modo, ha abogado por el denominado modelo de empleo con apoyo, con especial atención a las personas que, dentro de este colectivo, tienen más difícil encontrar un puesto de trabajo, en referencia a las personas con discapacidad intelectual. Por su parte, el secretario regional de CCOO, Ángel Hernández, se ha comprometido a coordinarse con Cermi para derivar sus demandas a las mesas de interlocución con la Administración, y a tratar de perfeccionar el marco de relaciones laborales de este colectivo. 

Para el sindicalista, la realidad de los parados discapacitados supone un "hándicap del hándicap" de un país con casi cinco millones de parados. En este sentido, ha advertido de que aunque España esté saliendo de la recesión no está saliendo de una crisis social que es doble para las personas con discapacidad.

CHAIR TOPPER

Stow o recuperar su silla de ruedas en unos 30 segundos desde la cabina de la parte superior . El Presidente Topper almacena una silla de ruedas plegable en unos 30 segundos . 

El compartimiento hermético pesa 55 kg y se puede montar en la mayoría de los modelos de vehículos . El peso total , incluyendo la silla de ruedas, no sea superior a 75 kg . El cofre de techo añade 54 cm de altura total del vehículo y está disponible en los modelos y el conductor y del lado del pasajero .

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AYUDAS A LA DEPENDENCIA INSUFICIENTES

Las ayudas económicas que recoge la Ley de Dependencia "son insuficientes no sólo para llevar a cabo una vida independiente sino para cubrir incluso las necesidades básicas de la vida diaria", según denuncia un estudio de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) sobre la asistencia personal a este colectivo en España. 

El trabajo, que aborda la escasa implantación de esta figura necesaria para la autonomía personal, ha sido presentado este jueves en una jornada inaugurada por el director del IMSERSO, César Antón, y el director general de Políticas sobre Discapacidad, Ignacio Tremiño, junto al presidente de PREDIF, Francisco Sardón, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y representantes de ASPAYM, ECOM, y Fundación Vodafone España. 

Según concluye, la implantación de la asistencia personal afronta "muchas dificultades" por el marco normativo español y entre ellas, figura la propia Ley de Dependencia, en tanto que promueve la autonomía pero centrada en los ámbitos "educativo y laboral" y además, tiene "una escasa dotación económica". En este sentido, además de señalar que las prestaciones "son insuficientes para cubrir inluco las necesidades básicas de la vida diaria", apunta que "no cubren" los costes asociados a los derechos laborales del trabajador que realiza esa asistencia personal, gastos que "sin embargo, exige que sean abonados". "A nivel de las comunidades autónomas, resulta muy difícil conocer en profundidad el régimen jurídico del asistente personal, debido a la dilatada producción normativa existente en cada una de ellas", plantea el estudio, para incidir en que "esta 'maraña' normativa produce el efecto perverso de disuadir al propio interesado en el servicio, al dificultarle conocer con claridad el alcance y la repercusión económica de esta prestación". 

Asimismo, se plantean "diferencias en el procedimiento de reconocimiento y asignación de la prestación" en función de las comunidades autónomas. "No se puede obviar, que el desarrollo normativo de esta Ley Estatal, está originando importantes desigualdades territoriales", afirma. Sobre este asunto, enumera diferencias como que unas comunidades "amplían el régimen de compatibilidades previsto por la normativa estatal" mientras otras no lo hacen, el copago "se regula de forma distinta", en otros territorios también se condiciona el importe de la prestación en función de la dedicación horaria y algunas limitan su acceso en función de la edad del beneficiario. "Es necesario, replantear las fuentes de financiación existentes ya que son insuficientes y no se adaptan a las necesidades del servicio de asistencia personal. No debe existir el temor a un sobrecoste en el SAAD por esta prestación, ya que al ser una prestación inmadura socialmente, no se prevé una demanda masiva del servicio", concluye el trabajo de PREDIF. Afirma que, por el contrario, existe un retorno social de unos tres euros de media por cada euro que se invierte en esta materia, lo que "pone en valor la asistencia personal" porque "además de garantizar la autodeterminación y autonomía de la persona, tiene un retorno social que no consiguen otras prestaciones del catálogo del SAAD y que tienen un mayor coste económico", como los centros residenciales. 

El informe recuerda que la Asistencia Personal y el acceso a esta "es un derecho al que puede acceder cualquier persona en situación de dependencia", como recoge la Ley, y explica que existen dos modelos para acogerse, bien mediante prestación económica sujeta al servicio (el usuario recibe dinero para contratar al asistente personal), bien mediante la asignación del servicio (recibe directamente al trabajador). PREDIF, aunque considera que con dotación económica suficiente, la primera alternativa es la "ideal", sostiene que es "importante" mantener y promover "la coexistencia de diferentes tipos de prestaciones y formas de acceso a los recursos" ya que se trata de un modelo aún "inmaduro" en España. Con todo, reivindica la articulación de mecanismos de acreditación y control "con indicadores objetivos y medibles", para que se garantice el cumplimiento de los principios básicos de la Asistencia Personal.

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