En
un comunicado de prensa, la Plataforma en Defensa de la Ley de
Dependencia de Castilla-La Mancha ha denunciado nuevamente que el
Gobierno de Cospedal ha vuelto a cargar contra un niño de 7 años, que
sufre parálisis cerebral severa y con grado máximo de dependencia,
rebajándole la prestación económica por cuidados en el entorno familiar
"de forma ilegal, saltándose la legislación que a nivel nacional ha
hecho su propio partido".
Este caso fue denunciando por la Plataforma en noviembre de 2011 tras conocer que el Gobierno de Cospedal pretendía retirarle a este niño que vive con su familia en la provincia de Ciudad Real la prestación alegando "que asistía a un centro de Educación Especial, a pesar de estar en edad de escolarización obligatoria". En ese momento el Ejecutivo regional, ante el escándalo que produjo esa aberrante decisión, rectificó calificándola de "error".
Ahora, la Plataforma ha tenido
conocimiento de que lejos de mantener dentro del marco legal la
situación de este niño gran dependiente, "han vuelto a la carga y
pretenden rebajarle la cantidad que debe percibir obviando el Real
Decreto de 13 de Julio de 2012 en el que en la disposición transitoria
Décima, de forma clara y explicita, indica que todos los expedientes que
tengan resolución administrativa firme a la entrada en vigor del mismo
cobrarán una cantidad superior a la que se intenta imponer al niño".
La disposición décima de dicho Real Decreto dice de forma textual sobre los cuidados en el entorno familiar que: para los beneficiarios que, a la entrada en vigor del Real Decreto ley 20/2012 de 13 de julio, tuvieran reconocido grado y nivel de dependencia y ya percibieran la prestación las cuantías máximas a tiempo completo quedan fijadas en 442,59 euros al mes para las personas con el grado III, nivel 2 de dependencia ( el máximo como es el caso de este pequeño); en 354,59 euros al mes para los de grado III, nivel 1; 286,66 para los que tienen reconocido un grado II, nivel 2 y de 255,77 si el nivel es el 1; y de 153 euros para aquellos que tienen el grado I nivel 2.
Asimismo, la Plataforma explica que para
aquellos solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia
con anterioridad a la entrada en vigor del real Decreto 20/2012, de 13
de julio, respecto de los que no exista resolución administrativa de
reconocimiento de grado y/o de reconocimiento de prestaciones, así como a
los nuevos solicitantes, se aplicarán las siguientes cuantías máximas:
para los de Grado III, 387,64 euros; para los de Grado II, 268,79 y 153
euros para los de Grado I.
Tropelías del Gobierno del PP
En el caso de este menor, tiene
reconocido el "grado máximo de Dependencia (Grado III) con fecha 15 de
Mayo de 2008 por lo que no es expediente sin resolución administrativa
como se indica en el Real Decreto".
Además, añade la Plataforma "la propia
Consejería en la propuesta de reducción de prestación sigue manteniendo
el mismo número de expediente y fecha del mismo (2008)".
Por ello, desde la Plataforma "instamos a
la presidenta de Castilla-la Mancha María Dolores Cospedal, a poner
orden en todas las tropelías que se están cometiendo en nuestra
comunidad con las personas en situación de dependencia y obligue a su
consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, y por
extensión al alto cargo encargado de "ejecutar" todas estas
ilegalidades, el director genera Juan José García Ferrer, a reconducir
hacia la senda de la legislación en vigor la actuación hacia las
personas en situación de dependencia".
Asimismo, vuelve a lamentar que "una vez más", el Ejecutivo que preside Cospedal, que a su vez es número dos del partido que está legislando en dependencia, así como su consejero Echániz, máximo responsable de las políticas en Asuntos Sociales del PP, "se ceben con los niños grandes dependientes y no cumplan con una normativa de rango superior como es un Real Decreto promulgado por el gobierno de la nación".
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