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miércoles, 2 de diciembre de 2015

RETIRAN A UN NIÑO CON ESPINA BIFIDA EL GRADO DE DISCAPACIDAD DEL 33% QUE TENÍA RECONOCIDO.

Paco tiene siete años y sufre espina bífida. Pese a su corta edad, este pequeño de Gijón está muy acostumbrado a pasar por consultas médicas y a vivir con dolor. En 2013 le fue concedido un grado de discapacidad del 33% que le daba derecho a una plaza de inclusión en el colegio y a una reducción en los costes de logopedia y rehabilitación. 

Tras una revisión este verano y ante el asombro de sus padres, Servicios Sociales le ha retirado ese porcentaje y con ello, esas prestaciones. Esta familia interpondrá una demanda este miércoles, día en el que se les termina el plazo para recurrir"Teníamos el 33% de discapacidad con carácter definitivo porque la patología con la que ha nacido no se puede solucionar. Cuando son menores de edad tienen revisiones cada dos años, que en casos como el de mi hijo, de enfermedades que no se curan, son para ver si siguen igual o necesitan más ayuda. 

No esperábamos que nos dieran más pero tampoco que nos lo quitaran todo", lamenta Dámaris Palacios. Esta mujer de 34 años entregó el lunes en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de Asturias 115.000 firmas recogidas a través de la campaña No retiréis sus derechos a mi hijo Paquito. Lanzada hace cuatro semanas en Change.org, hoy ya supera los 132.000 apoyos. "Es impresionante la cantidad de mensajes de ánimo que nos están llegando; hasta de gente de fuera de España", destaca Dámaris con agradecimiento. Con ese respaldo, han conseguido arrancarle a la Administración el compromiso de que volverá a estudiar su caso. Pese a esa predisposición del Ejecutivo, esta familia interpondrá una demanda este miércoles, día en el que se les acaba el plazo para poder recurrir una resolución sobre la que, aseguran, no les han dado ninguna explicación. Tampoco a este periódico. 

Consultada por 20 minutos, la Consejería no ha querido hacer ningún tipo de declaración al respecto, alegando que no se manifiestan sobre cuestiones que afectan a menores. A la espera de una operación "El tiempo juega en contra de Paco. Ahora no está yendo a rehabilitación tanto como debería porque es muy costoso", clama su madre. Esa rehabilitación es vital para este pequeño, que no solo no se cura sino que ha ido empeorando. A parte de no tener el arco vertebral cerrado, le ha salido un lipoma que está comprimiendo la médula, y al tenerla anclada, le provoca dolor. Esta situación requiere una intervención quirúrgica, pero los especialistas del hospital Valle de Hebrón han decidido esperar. "Los médicos quieren atrasar esta operación lo máximo posible porque a marzo de 2015 tenía más perjuicios que beneficios. No dijeron que en ese momento era mejor vivir con dolor a intervenir", cuenta Dámaris. 

Este menor y sus padres van al menos una vez al año a ese centro de Barcelona, considerado el hospital de referencia para estas dolencias. La próxima revisión toca en febrero. Será entonces cuando los doctores determinen si sigue siendo conveniente esperar. Entre los nuevos problemas a los que Paco tiene que enfrentarse se encuentran también disfunciones en la vejiga y parestesia, lo que conlleva una parálisis transitoria de una o ambas piernas. Antes quería ser defensa o central. Ahora ve que no puede correr como los demás y quiere ser porteroEn clase además necesita un ordenador. No puede utilizar el lápiz como el resto de sus compañeros porque no le funcionan bien los nervios de la mano. 

El centro escolar en el que estudia es de inclusión, especializado en problemas de movilidad, y en el que hay dos niños con dificultades por clase. "La plaza la hemos mantenido porque es un colegio espectacular. Se están portando muy bien. Pero si no recuperamos el grado de discapacidad y el año que viene llega un niño a tercero de primaria que necesita una plaza de inclusión motora y que sí tiene reconocido el 33%, Paco se quedará sin sitio", denuncia su madre. "No estoy pidiendo dinero, sino que se reconozcan sus derechos, cuestiones como que si el día de mañana tiene que sondarse pueda tener una enfermera con él en el colegio. O que si hay una barrera arquitectónica en el centro escolar o en casa tengamos derecho a que la quiten", implora. Aunque con alto riesgo de perder el equilibrio y caerse, Paco actualmente camina sin ayuda, salvo para situaciones como subir escaleras: "No sabemos cómo evolucionará, pero soy muy afortunada porque a día de hoy anda. Y sí, tiene pérdidas de orina, pero todavía no hay que sondarle. 

Hay que buscar el lado positivo". Escuchando a esta mujer no extraña que la enfermedad no haya logrado hacer mella en el ánimo de su hijo, que sueña con ser futbolista: "Antes quería ser defensa o central. Ahora ve que no puede correr como los demás y quiere ser portero".

viernes, 4 de julio de 2014

EL GOBIERNO DE COSPEDAL VUELVE A CARGAR CONTRA UN NIÑO DE 7 AÑOS GRAN DEPENDIENTE

En un comunicado de prensa, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha denunciado nuevamente que el Gobierno de Cospedal ha vuelto a cargar contra un niño de 7 años, que sufre parálisis cerebral severa y con grado máximo de dependencia, rebajándole la prestación económica por cuidados en el entorno familiar "de forma ilegal, saltándose la legislación que a nivel nacional ha hecho su propio partido".

Este caso fue denunciando por la Plataforma en noviembre de 2011 tras conocer que el Gobierno de Cospedal pretendía retirarle a este niño que vive con su familia en la provincia de Ciudad Real la prestación alegando "que asistía a un centro de Educación Especial, a pesar de estar en edad de escolarización obligatoria". En ese momento el Ejecutivo regional, ante el escándalo que produjo esa aberrante decisión, rectificó calificándola de "error".
Ahora, la Plataforma ha tenido conocimiento de que lejos de mantener dentro del marco legal la situación de este niño gran dependiente, "han vuelto a la carga y pretenden rebajarle la cantidad que debe percibir obviando el Real Decreto de 13 de Julio de 2012 en el que en la disposición transitoria Décima, de forma clara y explicita, indica que todos los expedientes que tengan resolución administrativa firme a la entrada en vigor del mismo cobrarán una cantidad superior a la que se intenta imponer al niño".

La disposición décima de dicho Real Decreto dice de forma textual sobre los cuidados en el entorno familiar que: para los beneficiarios que, a la entrada en vigor del Real Decreto ley 20/2012 de 13 de julio, tuvieran reconocido grado y nivel de dependencia y ya percibieran la prestación las cuantías máximas a tiempo completo quedan fijadas en 442,59 euros al mes para las personas con el grado III, nivel 2 de dependencia ( el máximo como es el caso de este pequeño); en  354,59 euros al mes para los de grado III, nivel 1; 286,66 para los que tienen reconocido un grado II, nivel 2 y de 255,77 si el nivel es el 1; y de 153 euros para aquellos que tienen el grado I nivel 2.
Asimismo, la Plataforma explica que para aquellos solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor del real Decreto 20/2012, de 13 de julio, respecto de los que no exista resolución administrativa de reconocimiento de grado y/o de reconocimiento de prestaciones, así como a los nuevos solicitantes, se aplicarán las siguientes cuantías máximas: para los de Grado III, 387,64 euros; para los de Grado II, 268,79 y 153 euros para los de Grado I.

Tropelías del Gobierno del PP
En el caso de este menor, tiene reconocido el "grado máximo de Dependencia (Grado III) con fecha 15 de Mayo de 2008 por lo que no es expediente sin resolución administrativa como se indica en el Real Decreto".
Además, añade la Plataforma "la propia Consejería en la propuesta de reducción de prestación sigue manteniendo el mismo número de expediente y fecha del mismo (2008)".
Por ello, desde la Plataforma "instamos a la presidenta de Castilla-la Mancha María Dolores Cospedal, a poner orden en todas las tropelías que se están cometiendo en nuestra comunidad con las personas en situación de dependencia y obligue a su consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, y por extensión al alto cargo encargado de "ejecutar" todas estas ilegalidades, el director genera Juan José García Ferrer, a reconducir hacia la senda de la legislación en vigor la actuación hacia las personas en situación de dependencia".

Asimismo, vuelve a lamentar que "una vez más", el Ejecutivo que preside Cospedal, que a su vez es número dos del partido que está legislando en dependencia, así como su consejero Echániz, máximo responsable de las políticas en Asuntos Sociales del PP, "se ceben con los niños grandes dependientes y no cumplan con una normativa de rango superior como es un Real Decreto promulgado por el gobierno de la nación".
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martes, 24 de junio de 2014

LA HUELGA DE SERVICIOS NO ASISTENCIALES PARALIZA LOS HOSPITALES TOLEDANOS Y RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO

Los servicios no asistenciales del Complejo Hospitalario de Toledo y del Hospital Nacional de Parapléjicos han parado al 100% en la huelga de siete horas convocada hoy por FSP UGT, SIC-GS y CCOO y secundada por CSIF para rechazar el Plan de Recursos Humanos del Complejo Hospitalario de Toledo y la privatización de servicios no asistenciales del nuevo Hospital de Toledo previstos por el SESCAM. José Manuel Pinillos, Secretario del Sector Sanidad de FSP UGT CLM, ha confirmado el 100% de los servicios no asistenciales de los hospitales toledanos ha secundado la huelga de tres horas y media desarrollada esta mañana, a la que seguirán un paro similar esta tarde.

Han secundado el paro el 100% del personal de Cocina, Mantenimiento, Archivo,Almacén, Lavandería, Auxiliares Administrativos de Laboratorio. Los quirófanos del Virgen de la Salud y de Parapléjicos no operarán hasta las 11.30h. Al mismo tiempo, al no salir historiales médicos del archivo durante los paros parciales de hoy, afectará el normal funcionamiento de las consultas de mañana. Para Pinillos “este seguimiento demuestra que los profesionales de los servicios noasistenciales, en contra de lo que opina el Colegio de Médicos, no son accesorios, sino fundamentales y necesarios, que no tiene sentido externalizar, que hay que dejar que sigan siendo públicos, tal y como están, sin ningún cambio, que es que como hemos conseguido una sanidad pública de reconocimiento internacional”.

Los trabajadores concentrados hoy entre las 10.00h. y las 11.00h ante las puertas del Hospital Virgen de la Salud han coreado eslóganes a favor del mantenimiento de lasanidad pública y en contra del plan de recursos humanos que ha presentado el Serviciode Salud de Castilla-La Mancha para el futuro hospital de Toledo, que según los sindicatos afectará a 340 trabajadores del Hospital de Parapléjicos y a todo el Complejo Hospitalario.

jueves, 28 de noviembre de 2013

LA AUDIENCIA NIEGA LA NACIONALIDAD A UN DISCAPACITADO PSIQUICO DE ECUADOR

La Audiencia Nacional ha rechazado conceder la nacionalidad española a un ciudadano ecuatoriano residente en Almería que sufre un 67% de discapacidad psíquica al estimar que el no poder comunicarse por medios escritos en español y el “desconocimiento” de cuestiones tales como quién es Mariano Rajoy o las comunidades autónomas ponen de manifiesto “un insuficiente grado de integración y escasos vínculos” con España a ser, según remarca, “elementales del país del que pretende ser nacional y su sociedad”.
El tribunal confirma así la resolución negativa previa del Ministerio de Justicia y desestima el recurso del demandante, quien reside legalmente en España junto a su madre, su abuela y su tía desde el mes de enero de 2006, por entender que exigir proporcionalmente “menores requisitos de integración cuanto mayor sea la minusvalía psíquica supondría una forma de discriminación positiva no prevista en el ordenamiento jurídico”. “La integración social en España no solo depende del conocimiento del idioma a nivel de expresión oral o del alta o asistencia a un taller ocupacional de manualidades”, subraya la sentencia, en alusión a que el demandante, que tiene reconocida su discapacidad por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, participa en uno de estos talleres que impulsa la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.
Según recoge el fallo, fue la madre del demandante, con la que comparte una vivienda cedida, quien solicitó la nacionalidad española para él y obtuvo dos primeros informes favorables durante el trámite. Sin embargo, en el transcurso de la audiencia con el juez encargado del registro civil, el demandante “no entendió” preguntas como si “tenía amigos españoles o de otros países o quién es Mariano Rajoy” y respondió con “una mueca tras extrañarse” a otras cuestiones como “cuál es la capital de Andalucía, dónde están la Giralda, la Alhambra o el Museo del Prado, o si sabe qué es la mayoría de edad”, según recoge la sentencia. Asimismo, indica que contestó “no sabe” a interpelaciones que le instaban a “nombrar tres comunidades autónomas”, a enumerar “cuántas provincias tiene Andalucía o si se encuentra dentro de alguna asociación”.
Sí dio respuesta correcta a las preguntas sobre los colores de la bandera española y andaluza y, en el plano más personal, también supo decir que vive “legalmente en España, que va a un taller porque cree que está estudiando, que recibe una paga, que nunca ha cometido delito y que vive con su madre, su abuela y su tía”. La resolución por la que se le negó la nacionalidad y cuyo veredicto hace suyo la Audiencia Nacional argumenta también que se le pidió que escribiera un texto a lo que él contestó “que le costaba tomar dictados” y que, seguidamente, se le pidió que leyera el artículo 1 del Código Civil en concreto, “cuya línea de lectura siguió con la dificultad de su discapacidad”. “De la audiencia y conversación mantenida se desprende que no entiende, ya que contesta con monosílabos”, concluye la resolución. El abogado del demandante argumentó en su recurso, que ahora puede elevar ante el Tribunal Supremo, vulneración de derechos fundamentales ya que “la minusvalía psíquica no puede ser tenida en cuenta para discriminar sino al contrario, debe tenerse en cuenta para ponderar el grado de integración ya que cumple con los requisitos establecidos en el Código Civil para recibir la nacionalidad española”.

jueves, 21 de noviembre de 2013

LA JUNTA RETIRA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA A LA FAMILIA DE UN NIÑO DE SIETE AÑOS CON PARALISIS CEREBRAL SEVERA

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado hoy que el Gobierno de Cospedal ha retirado la prestación económica que recibía la familia de un niño de 7 años de edad con parálisis cerebral severa como cuidador no profesional de su hijo desde 2007. A cambio, le ofrecen a este niño reconocido como gran dependiente la asistencia a un centro de educación especial al cual va yendo como alumno interno desde hace más de un año, ya que debe estar escolarizado por ley como todos los niños de su edad. Por tanto, esa asistencia que dice conceder la Junta ya la recibe este niño de manera obligatoria y gratuita en el Centro de Educación Especial, ubicado en la provincia de Ciudad Real. El pequeño está interno de lunes a viernes porque vive a 110 kilómetros del centro de enseñanza. Los fines de semana, festivos, vacaciones escolares o cuando se encuentra enfermo está atendido por su familia, que vive también en la provincia de Ciudad Real. "La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha enviado una propuesta de modificación del Programa Individualizado de Atención a este niño, por la cual se le retira dicha prestación económica y se le concede la asistencia en régimen interno a un Centro de Educación Especial, que es un centro de enseñanza reglada al que lleva asistiendo más de un año", asegura la Plataforma. En su comunicado, esta organización precisa que "el Gobierno de Cospedal olvida que la escolarización de un niño de 7 años es gratuita y obligatoria por lo que nunca puede considerarse prestación o servicio asociado a la Ley de Dependencia, a no ser que se considere que un niño con una discapacidad y dependencia no esté ni tenga los mismos derechos que otro que no lo esté". Para rizar el rizo del despropósito, critica la Plataforma, la "prestación que se le ofrece la encuadran en el apartado de servicio de prevención de la dependencia, cuando el niño tiene reconocida la situación de gran dependiente desde mayo de 2008. La Plataforma detalla las condiciones de vida del niño: Necesita ayuda para todo tipo de tareas, no controla esfínteres y ademas es un niño que demanda mucha atención, es intolerante a la lactosa por lo que además de pañales necesita leche y papillas especiales para que desayune. Tiene mucha espacticidad por lo que muy a menudo tiene que ir a Madrid a ponerle botox para su mejor movilidad, utiliza infinidad de aparatos ortopédicos que con el crecimiento se le quedan pequeños enseguida por lo que hay que estar comprándole zapatos adaptados, sillas posicionales.... bipedestador, en muy breves espacios de tiempo. "La parálisis cerebral se produjo por nacimiento prematuro a las 29 semanas reventándole los pulmones a los cinco minutos de nacer por lo que estuvo con respiración manual durante cuatro horas hasta que le pudieron poner la artificial, acetósis múltipe de todos los órganos a la vez, meningitis con el más abrasivo, hidrocefalia, quistes en el liquido encefaloraquideo, valvula de derivacion peritoneal, luxacuión de caderas, operación de las dos piernas en caderas, fenestración de otros dos quistes en el liquido cefalorraquídeo.". Cospedal quiere maquillar estadísticas Para la Plataforma "esta es la forma de hacer viable y sostenible la ley de Dependencia que el Gobierno de Cospedal está implantando en nuestra comunidad autónoma". "Volvemos a denunciar, una vez más y con pruebas documentales que la intención última de este Ejecutivo es la revisión de oficio de todos los expedientes para retirarles la prestación que estaban recibiendo y ofrecerles otra que únicamente es utilizable para maquillar estadísticas pero muy alejada de las necesidades reales del dependiente". La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, por último, confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, una vez admitido a trámite nuestro recurso contra la última Orden de Prestaciones en Dependencia publicado por este Ejecutivo, deje sin efecto una normativa "que está permitiendo auténticas tropelías a las personas en situación de dependencia". En ese sentido, esta organización asegura que la Delegación Provincial de Sanidad y Asuntos Sociales de Ciudad Real "es la que está aplicando con mayor asiduidad este tipo de tropelías".

jueves, 22 de agosto de 2013

RECIBIR LA CARTA DE DESPIDO CUANDO SE ESTÁ POSTRADO EN LA CAMA

Manuel Román muestra la carta de despido desde la cama en la que está postrado. :: ROMÁNDespedido mientras está de baja por accidente laboral, sin explicaciones y cuando afirma que su plaza en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Úbeda se sacó específicamente para cubrir el cupo destinado a personas con discapacidad. Manuel Román Correro no encuentra sentido a lo que le está ocurriendo después de haber recibido, directamente en la cama en la que se encuentra postrado, una carta firmada por el alcalde en la que se le comunica que el próximo 31 de agosto dejará de formar parte de la plantilla. Un despido que considera improcedente y contra el que tomará medidas legales denunciando el caso ante el juzgado de lo social. Según contó ayer a IDEAL, no entiende la decisión tomada por la concejal responsable y respaldada por el primer edil que pone fin a su trabajo como auxiliar administrativo desempeñado en Servicios Sociales desde 2008. Así, criticó que con un contrato indefinido se le deje en la calle sin comunicarle motivo alguno. Algo similar le ha ocurrido a dos compañeras del mismo área, aunque Román aseguró que al menos a ellas les han explicado que no se dispone de la subvención con la que se pagaban sus retribuciones. Manolo, muy conocido en Úbeda por ser el presidente de la Asociación Comarcal de Personas con Diversidad Funcional (Tréboles), denunció además que se le despida estando de baja. «Antes no se podía hacer pero ahora, con la reforma laboral, es legal, pero ¿es moral?», se preguntó. Con ello calificó de «vergonzosa» la actitud del alcalde, «que tanto presume de colaborar con los más desfavorecidos, haciéndose fotos para que lo vean y dándose golpes de pecho». Y respecto a la concejal del área dijo que «debería darle vergüenza que en estos tiempos Servicios Sociales pierda fuerza». Recordó igualmente que su plaza se sacó específicamente para cubrir el cupo del 5 % que se aplica a la administración de reserva de plazas para personas con discapacidad. «Aunque me jubile, me marche o me muera, esa plaza debe ser para un discapacitado», aseveró. Y tachó de injustificado que, ante los despidos efectuados, se haya dicho a otros miembros de la plantilla que tendrán que echar horas extraordinarias. En su opinión, el dinero de su sueldo se va a gastar de una forma o de otra. Pero es que, además, actualmente y al estar de baja por accidente de trabajo, él está cobrando de la mutua. Un mal momento La carta de despido le ha llegado a Manolo directamente a la cama y en un mal momento, quizá en uno de los peores de su vida, y eso que desde que nació ha tenido que hacer frente a incontables problemas y complicaciones, de muchas de las cuales se pensó que no saldría, aunque siempre logro seguir hacia adelante. El hecho es que, acostumbrado a mucha actividad diaria y a desenvolverse con cierta independencia pese a las limitaciones que le marca su discapacidad, desde hace tres meses y una semana se encuentra postrado en la cama aquejado de fuertes dolores. Ni siquiera puede hacer uso de su silla de ruedas motorizada con la que habitualmente se le veía recorriendo la ciudad. Todo se debió a un accidente que sufrió en su puesto de trabajo. Se cayó de la silla, se golpeó fuertemente contra el suelo y estuvo un buen rato atrapado entre las ruedas y la mesa, hasta que los compañeros le encontraron y se alertó a los servicios de emergencias. A pesar de sus problemas en los huesos derivados de su enfermedad, nunca había tenido problemas de espalda pues, según los médicos, tenía la columna consolidada, pero a raíz del incidente y de otra caída que sufrió poco después estando hospitalizado todo parece haberse «desestructurado» y el dolor es «insoportable». Los calmantes y tranquilizantes que toma le ayudan algo. Pero los momentos de desesperación e impotencia se imponen. «Estoy hecho polvo y casi no duermo», aseguraba ayer, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperarse y para volver a su puesto de trabajo y a su actividad habitual, que es lo que realmente le da la vida

martes, 30 de abril de 2013

UN NIÑO AUTISTA LLEVA CUATRO AÑOS SIN ESCOLARIZAR POR UNA BATALLA JUDICIAL

Daniel tiene 10 años y lleva cuatro y medio sin ir al colegio. Es autista y sus padres prefieren tenerle en casa antes que escolarizarle en un centro de educación especial; exigen que se le atienda en un colegio ordinario con los apoyos que hagan falta. Pero la Junta de Castilla y León (la familia vive en Palencia) insiste en que el centro específico es la mejor opción, dadas las grandes necesidades de atención del chaval. Los tribunales de Palencia y el Superior de Justicia de la comunidad dieron la razón al Gobierno autónomo, pero ahora el Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de amparo de la familia para revisar su caso. Además, pesa sobre los padres una denuncia de abandono, ya que la escolarización es obligatoria por ley en España desde los 6 a los 16 años. Sabino Herrero, director provincial de Educación, dice que no tuvieron más remedio que informar del absentismo continuado a la Fiscalía de Menores, con lo que el proceso se puso en marcha, y recuerda que hay al menos cinco informes de especialistas psicopedagogos realizados en distintos momentos que no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de atender al chico en un centro especial. El alumnado con necesidades especiales ■Lo que dice la ley. “La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión [...] La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. ■Lo que dice la ONU. “Los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación [...] Al hacer efectivo este derecho, los Estados asegurarán que: [...] c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación”. Mientras la ONG Solcom apela a estos puntos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice que en algunos casos, como el de Daniel, se superan esos “ajustes razonables”. ■Centros específicos e inclusión. En España hay 482 centros de educación especial. Estos atienden a algo más de 31.000 alumnos, es decir, el 21% del total. El resto, más de 110.000, están integrados en colegios e institutos ordinarios. ■La mitad tiene discapacidad física. El 49,3% de los alumnos con necesidades especiales sufre discapacidad psíquica, según la estadística oficial del curso 2010-2011. Otro 27,3% sufre trastornos graves de personalidad. El resto tiene discapacidad motora (8,9%), auditiva (5%), visual (2%). Los demás tienen lo que se llama “plurideficiencias”. “¿Cómo pueden hablar de abandono? Si me paso las 24 horas del día con él”, se queja por teléfono Azucena Ortega, la madre de Daniel. Ortega, de 45 años, cuenta que nunca aceptaron que su hijo vaya a un centro de educación especial, por lo que prefieren tenerle en casa. “Hacemos nuestros ejercicios de lectura global (con dibujos y letras), y trabajamos los números”, explica la madre. Está convencida de que tiene todo el derecho de exigir que su hijo vaya al centro ordinario, y a que la consejería ponga todos los medios posibles para que sea así. La ley dice que el principio que debe guiar la educación de los menores con discapacidad (sea psíquica o física) es la inclusión, es decir, la integración en centros ordinarios de estos chavales. Sin embargo, admite que las Administraciones valorarán la necesidad de llevarles a otros centros especiales, aunque esto “solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”, señala la norma en vigor (LOE, 2006). Por su parte, la familia, junto a la asociación Solcom que la apoya, apela a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada en 2006, y ratificada por España en 2008. Esta dice que “los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”. “Yo apoyo completamente a la familia. Se trata de cambiar la mentalidad. La Convención de la ONU obliga a cambiar las políticas educativas y se debe escolarizar a los niños en el tipo de centro que decidan los padres”, señala tajantemente el profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid Gerardo Echeita, que trabajó en el Centro Nacional de Recursos para Educación Especial del Ministerio de Educación entre 1986 y 1996. “Es verdad que se trata de apoyos muy complejos, extensos y continuados, pero es la sociedad que queremos y que hemos decidido [la que fomenta la inclusión]”, añade el profesor. El Gobierno regional aduce que tiene una necesidad de apoyo muy grande “Nosotros estamos a favor por principio de la educación inclusiva en los centros. No conocemos el detalle de este caso, ni sabemos si el grado de apoyo que necesita este niño es tal que hace imposible su escolarización en un centro ordinario, pero lo que está claro es que el perjudicado nunca puede ser el niño, ni porque la Administración no ponga los recursos necesarios ni porque los padres quieran demostrar algo y hacer valer un derecho”, señala Christian Loste, director de la Federación de Autismo de Madrid. Una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla y León recuerda una vez más que los tribunales les han dado la razón en dos instancias distintas y asegura que su decisión se ha basado en numerosos informes de técnicos de educación y psicopedagogos, tanto del propio centro como externos. Sabino Herrero, director provincial de Educación en Palencia, asegura que cada vez que la madre ha pedido en estos años una plaza en un centro ordinario para Daniel, se han vuelto a hacer evaluaciones psicopedagógicas por parte del equipo de Educación —“para ver si el chico había madurado y podía integrarse bien”—, pero siempre con el mismo resultado: “Que el niño recibirá la mejor atención, la que necesita, en el centro especial”. La ONU defiende la integración, la ley española establece excepciones La sentencia de octubre del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras la lectura de esos informes, concluye: “Daniel necesita algo más, mucho más que ajustes razonables respecto a lo que precisan sus compañeros de edad similar [...] Una cosa es que Daniel, con su total dignidad de persona tenga derecho a la educación y a integrarse en la educación ordinaria y a que se le presten ayudas y apoyos para lograrlo y otra muy diferente que toda la educación ordinaria de un aula ordinaria se transforme, de hecho, en un aula especial solo en su favor; ello excede la razonabilidad”, señala el fallo. La asociación Solcom, sin embargo, responde que, independientemente del grado de discapacidad, siempre hay opciones de atención integrada en los centros ordinarios, aunque una parte del horario se haga en recursos específicos lejos del resto de compañeros. “Da igual el grado de autismo; es por ley, por la Constitución y por la Convención de la ONU. Y no puede ser cuestión de dinero o de recursos, como demuestra el País Vasco, donde en la etapa primaria [de 6 a 12 años], no hay centros de educación especial, se atiende a todos en los centros ordinarios”, asegura la coordinadora de Solcom, Itziar Fernández. El profesor Echeita asegura que es una buena noticia que el Tribunal Constitucional vaya a pronunciarse sobre todas estas cuestiones.