Tras el anuncio del Gobierno de un nuevo sistema tributario que protegerá a las personas con discapacidad, COCEMFE reclama una reducción de la carga fiscal para compensar el sobrecoste económico que supone tener una discapacidad. Adoptar medidas en este sentido contaría con la aprobación de la población, tal y como refleja el barómetro del CIS.
El objetivo es de compensar el sobrecoste económico que supone tener una discapacidad y, al mismo tiempo, promover su integración y normalización social.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere trasmitir al Gobierno la necesidad de que se reduzca la carga fiscal sobre las personas con discapacidad con el objetivo de compensar el sobrecoste económico que supone tener una discapacidad y, al mismo tiempo, promover su integración y normalización social.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el miércoles 19 de febrero en el Congreso que el nuevo sistema tributario promoverá el desarrollo de la economía y la sociedad, protegiendo a las familias y a las personas con discapacidad, entre otras medidas.
En este sentido, desde COCEMFE valoramos positivamente el anuncio y apostamos por incorporar las propuestas del sector de la discapacidad, realizadas a través del CERMI, puesto que continúa siendo un colectivo cuyos índices de pobreza se disparan al compararlos con los del resto de la población, recibe unos ingresos muy inferiores que provocan problemas para llegar a final de mes en gran parte de las familias, su tasa de empleo está 40 puntos por debajo y las prestaciones por dependencia se han reducido en gran medida.
Según el presidente de COCEMFE, Mario García, ”el sistema tributario debe servir para contribuir a reducir las desigualdades que perjudican a este colectivo y ayudar a que pueda hacer efectivos sus derechos, con especial atención al fomento de su integración laboral e independencia económica”.
De hecho, tal y como apunta Mario García, “adoptar medidas en este sentido contaría con la aprobación de la gran parte de la población puesto que según el Barómetro de Diciembre de 2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 81% de los ciudadanos cree que las prestaciones económicas y beneficios fiscales que las Administraciones conceden al colectivo o a su familia son más bien insuficientes o totalmente insuficientes”.
Algunas de las propuestas en materia fiscal son mejorar la tributación cuando hay ascendentes o descendientes con discapacidad en una familia, incrementando el mínimo de la cuantía en las rentas exentas de tributación.
Asimismo, para beneficiar directamente al colectivo, habría que actualizar la reducción contemplada por obtención de rendimientos del trabajo del colectivo, con un incremento notable puesto que lleva paralizado seis años, y con otros incrementos adicionales en caso de acreditar la necesidad de recibir asistencia o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Para los empresarios con discapacidad se considera oportuno volver a establecer las reducciones que reciben por mantenimiento o creación de empleo.
También para el fomento del empleo, habría que ampliar la compatibilidad entre las pensiones no contributivas y el trabajo remunerado, de modo que se incremente el límite de ingresos procedentes del trabajo y se suprima el plazo actual que limita a cuatro años la compatibilidad para que ésta sea indefinida. Otra medida de fomento del empleo sería incluir desgravaciones por obras de accesibilidad realizadas en las instalaciones donde trabajan personas con discapacidad.
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, la entidad considera necesario aplicar el tipo superreducido a determinados bienes y servicios relacionados con la discapacidad dirigidos a suplir limitaciones de movilidad y comunicación, así como su reparación, que actualmente tributan con un tipo reducido y que en los últimos años se ha incrementado considerablemente.
En cuanto a los tributos autonómicos y locales, las actuaciones a realizar deberían establecer un mínimo común para las personas con discapacidad, con independencia del lugar donde residan, que incluyan exenciones y bonificaciones en los impuestos y tasas a abonar por parte del colectivo.
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